La doctora Mariela Pizano denunció la precariedad laboral de las trabajadoras domésticas pese a la nueva reforma que deroga estatutos especiales, con un 80% trabajando en negro por empleadores incumplidores. Solo un 20% cuenta con buenos empleadores que las registran y pagan más del mínimo.
Pizano detalló los mínimos oficiales: tarea general a 3.349 pesos la hora y 410.000 pesos mensuales, cuidado de personas a 3.600 pesos la hora y más de 455.000 mensuales, más bonos de hasta 20.000 pesos según horas semanales y 30% extra en Patagonia. Insistió en que estos son pisos para negociar al alza, criticando que muchos empleadores retienen bonos alegando pagos superiores.
Ante la crisis, reportó despidos masivos y reducciones de jornada, pero subrayó los derechos irrenunciables de las trabajadoras. La CGT presentó un amparo por inconstitucionalidad de la reforma, vigente desde el 6 de marzo con 180 días para adecuación.
En consultas del público, aconsejó reclamar accidentes laborales en hospital público para probarlos sin ART, registrarse en blanco pese al nuevo período de prueba de 6 meses para evitar despidos sin indemnización, cobrar por la categoría más alta si combinan tareas como limpieza y cuidado infantil, y negociar horas por encima de los 5.000 pesos en el mercado.