Las autoridades autorizaron un plan técnico de apuntalamiento y demolición controlada en el complejo Estación Buenos Aires, ligado a la constructora del ministro Luis Caputo, donde un colapso en el jardín central destruyó 65 vehículos y dejó a decenas de familias desalojadas. Los vecinos, alojados en hoteles hasta el próximo miércoles, denuncian falta total de información por parte de la empresa y el Estado, y exigen la presencia de la fiscal para evitar el encubrimiento de pruebas del siniestro estructural.
Una supuesta vocera, no reconocida por los vecinos, apareció para minimizar la protesta afirmando que se trata de obras de seguridad supervisadas por la fiscalía 31 y el fiscal general, y que el ingreso de residentes se organiza por listas. Sin embargo, las familias la rechazaron, gritando que nadie les avisó de las máquinas que ingresaron al predio ni de los plazos para volver a sus hogares, mientras personal de la constructora apuntalaba el área sin coordinación previa.
Los desalojados relatan penurias en los hoteles: comida insuficiente, un solo plato por día sin repeticiones, chicos celíacos y con discapacidades desatendidos, y falta de medicación psiquiátrica. Exigen un parte diario oficial y soluciones habitacionales, ya que pagaron sus viviendas y ahora duermen en la calle o en condiciones precarias. El comunicado oficial permite ingreso solo para retirar objetos esenciales bajo supervisión de bomberos, pero reitera la clausura por riesgo estructural.
El periodista cuestiona el rol del Estado, que se repliega ante grandes empresas poderosas con contactos políticos, dejando vulnerables sin protección. Compara con represión a trabajadores de FATE, jubilados y prestadores de discapacidad, donde la intervención estatal fue violenta en lugar de solidaria, generando una paradoja de injusticia sistemática.