La protesta de familias, prestadores, transportistas y docentes con discapacidad continúa frente al Ministerio de Salud en Moreno y 9 de Julio, donde un fuerte operativo policial los contiene sin recibir atención oficial. Los manifestantes denuncian que el gobierno nacional ignora la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada tras vetos rechazados cinco veces por el Congreso, y no aplica aumentos del 27% anunciados para octubre pasado ni reglamenta prestaciones adeudadas desde entonces.
Transportistas paralizaron servicios desde la semana pasada por falta de pagos, dejando a cientos de chicos sin acceso a centros de rehabilitación y escuelas especiales. Docentes como Aldana, del Instituto Blanquerna en Morón, revelan que estudiantes no iniciaron clases a 5 de marzo por ausencia de autorizaciones para horas sociales y transporte, agravando la crisis educativa en discapacidad.
Entrevistados en vivo destacan violaciones constitucionales y a tratados internacionales al disolver la ANDIS y subordinar la política a Salud, degradando derechos. Un familiar aporta fondos extras para mantener su centro AUPA, mientras un manifestante apoya la lucha pese a trabajar. Conductores y profesionales advierten que sin financiamiento del fondo solidario, las prestaciones colapsan, afectando medicación y movilidad.
En estudio, periodistas critican la indiferencia gubernamental, comparándola con el no cumplimiento de la ley universitaria pese a fallos judiciales. Pablo Molero, coordinador del sector, envió carta dura al presidente acusándolo de excluir a discapacitados en discursos. Carteles rezan "ignorar es discriminar", y advierten multas judiciales inminentes por desobediencia.
La manifestación persiste sin respuestas, con policía rodeando a personas vulnerables como delincuentes, mientras el gobierno anuncia aumentos postelectorales que no paga, condenando familias pobres a aislamiento.