Manifestantes, familias y prestadores de servicios para personas con discapacidad continúan protestando frente al Ministerio de Salud en Buenos Aires por atrasos en pagos de prestaciones desde octubre y noviembre, afectando terapias, transportes y escolaridad pese a la ley de emergencia sancionada.
En entrevistas, una representante de CAIRIS (Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad) denuncia que asociaciones nucleadas en todo el país enfrentan cierres por falta de fondos, mientras prestadores cobran sumas irrisorias como 800.000 pesos mensuales y padres reportan denegaciones de autorizaciones para integradoras y terapias antes del inicio escolar.
Recordatorio del contexto: la oposición sancionó la ley de emergencia en discapacidad, vetada por el gobierno pero confirmada por la justicia; se reglamentó el 4 de febrero, pero sin plazos para el Consejo Federal de Discapacidad que debe actualizar valores y auditorías. Aumentos discrecionales como el 5,79% reciente resultan insuficientes ante la cadena de prepagas y retrasos crónicos.
La manifestación incluyó forcejeos previos con policía donde un hombre con bastón cayó pero fue asistido sin lesiones graves; la situación se calmó sin novedades de violencia adicional.