Las familias, prestadores, transportistas y docentes con discapacidad continúan protestando frente al Ministerio de Salud en Moreno y 9 de Julio, denunciando que el gobierno nacional ignora la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada el año pasado tras rechazar vetos cinco veces. Los manifestantes reclaman pagos adeudados desde octubre, aumentos del 27% no aplicados y la falta de reglamentación de prestaciones esenciales.
Transportistas pararon el servicio hace una semana porque no reciben pagos, dejando a niños con discapacidad sin traslado a centros e instituciones como el Instituto Blanquerna en Morón, el Centro de Día en Calzada o Casa Nueva en Temperley. Docentes de educación especial reportan que las clases no empezaron por falta de autorizaciones para horas sociales y transporte, complicando gravemente la organización.
Madres como una jubilada docente relatan costos exorbitantes de terapias para hijas con TEA y encefalopatía crónica: kinesiología a domicilio a 70 mil pesos por 40 minutos e hidrototerapia a 184 mil pesos por sesión, sin cobertura de obras sociales ni acceso a turnos en centros como IREP o Ramsay. Familias enfrentan deterioro físico por falta de tratamientos, con convulsiones semanales y necesidad de acompañantes 24 horas.
Prestadores profesionales deben trabajar en otros empleos para subsistir, mientras instituciones abren con guardia mínima. El gobierno reglamentó la ley el 3 de febrero tras fallo judicial en Zárate, Campana y Caruya, pero deja grises que impiden el cumplimiento, generando colapso en el sistema pese a la actualización teórica del nomenclador por debajo de la inflación acumulada.
La cobertura destaca testimonios conmovedores de vulnerables que lucharon en la calle y judicialmente por la ley, pero ahora reclaman su no aplicación, con ANDIS derivando responsabilidades al Ministerio de Salud en medio de un desfinanciamiento heredado y agravado.