Las organizaciones de familias, prestadores y transportistas con discapacidad mantienen una protesta frente al Ministerio de Salud por pagos adeudados desde octubre, tras la disolución de la ANDIS y la no aplicación de la ley de emergencia aprobada, que el gobierno busca vetar. Un enorme cordón policial contiene a los manifestantes que ocupan un carril en Moreno y 9 de Julio.
Transportistas paralizaron servicios desde el 25 de febrero porque no pueden cubrir costos como combustible sin cobrar del PAMI y el Ministerio de Salud. Maestras especiales como Carla de Morón denuncian que solo asistieron 10 chicos esta semana por falta de transporte, y los sueldos son una miseria pese al trabajo intensivo niño por niño. Instituciones como la Fundación IPNA en Cañuelas y Capital atienden a 90 jóvenes pero acumulan deudas bancarias insostenibles para pagar sueldos y alimentos.
Profesionales como fonodiólogos cobran 17.000 pesos por sesión frente a 30.000 del mercado, con aumentos del 27% aplicados tardíamente pese a la ley que pedía 75%. Familias aportan extra para centros como AUPA en Mayo, pero prestadores abandonan por atrasos. Representantes de la Central de Trabajo Cadena de Sargentino alertan sobre la degradación de la política pública de discapacidad, incumpliendo tratados internacionales y la Constitución.
Los manifestantes exigen aplicación inmediata del presupuesto para evitar más cierres de centros y garantizar transporte, terapias y alimentación, ya que los chicos dependen de los establecimientos para comer y recibir atención. Critican que el gobierno ignora la ley votada cinco veces y prioriza el déficit sobre derechos básicos.