Los Guardianes de la Revolución iraníes representan un estado dentro del estado, con presencia en la política, la economía y la sociedad del país. Controlan sectores clave como el petróleo, donde poseen hasta el 50% de la riqueza petrolera, la construcción, telecomunicaciones y agroalimentación, abarcando más de un tercio de la economía nacional. Además, supervisan el programa nuclear y ocupan altos cargos en el gobierno y el Parlamento.
A pesar de su poder, enfrentan sanciones internacionales: en 2019, la administración Trump los designó como organización terrorista, seguido por Canadá en 2024 y la Unión Europea en enero por represión de manifestaciones y apoyo a grupos como Hezbollah y Hamas. Dentro de Irán, son criticados por corrupción y represión violenta, con decenas de miles de muertos en protestas de enero según organizaciones de derechos humanos.
En el contexto de la muerte de Ali Khamenei, defienden el régimen islámico y es improbable que permitan un cambio de régimen. Irán respondió atacando bases militares estadounidenses en siete países de Oriente Medio, destruyendo algunas, además de aeropuertos y puertos marítimos, y cerró el Estrecho de Hormuz, impactando la economía mundial.
Expertos señalan que Israel busca debilitar el eje de resistencia proiraní, incluyendo hutíes en Yemen, milicias chiitas en Irak y Hezbollah en Líbano, favoreciendo cambios como en Siria. El asesinato de Khamenei, calificado de criminal, provocará una respuesta contundente según Laranjani, mientras países árabes como Arabia Saudita mantienen hostilidad histórica hacia Teherán.
Se compara la acción de Donald Trump con un cowboy imprudente, similar al asesinato de Qasem Soleimani en 2020, radicalizando posturas pese a la moderación relativa de Khamenei durante sus 37 años de liderazgo.