La CGT decidió no movilizarse hoy al Congreso sino concentrar esfuerzos en una presentación judicial el lunes en Plaza Lavalle para declarar inconstitucional la reforma laboral aprobada en Diputados, enfocándose en derechos colectivos de nulidad absoluta y artículos individuales como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y restricciones al acceso a la justicia.
Cristian Jerónimo explicó que el debate parlamentario ya está definido con apoyo mayoritario de gobernadores, senadores y diputados pese a la pérdida diaria de 400 puestos de trabajo y cierres de empresas, acusando a legisladores peronistas de traicionar el voto popular al girar hacia el oficialismo por corte de ATN, lo que genera desilusión incluso sobre la utilidad del voto.
Panelistas en el estudio expresaron profunda bronca por despidos masivos que afectan a familias como técnicos electromecánicos con más de 50 años vinculados por subinimización, maldiciendo las falacias de modernización que destruyen oportunidades laborales y patrimonio, mientras evocan traiciones históricas comparando con Perón, Leandro Alem y Alfonsín que nunca avalarían esta ley.
Desde el interior del Congreso, Mariano Recalde denunció el FAL como un curro de 2.500 millones de dólares anuales financiado con plata de jubilados para subsidiar despidos y estatizar deudas privadas, violando el artículo 14 bis de la Constitución, tratados OIT, jornada limitada y el acuerdo Unión Europea-Mercosur, criticando el trámite express sin debate con partes involucradas ni transparencia.
Recalde cuestionó la aplicación retroactiva de la ley a contratos existentes, la facilitación de sindicatos amarillos patronales y el modus operandi de paquetazo ómnibus con derogaciones y modificaciones ocultas, afirmando que leyes contra el pueblo se aprueban a escondidas sin explicación pública.