La reforma laboral aprobada elimina derechos de los trabajadores activos como vacaciones, licencias, jornada laboral y estatutos específicos como el del periodista, promoviendo despidos baratos y contrataciones como monotributistas sin aportes.
Mariano Recalde alertó que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) desfinancia el sistema previsional transfiriendo 2500 millones de dólares a administradoras privadas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores, similar a un CFJP para despidos, en lugar de proteger el empleo con medidas como doble indemnización.
Recalde criticó el trámite express de la ley ómnibus que deroga 11 leyes y modifica 26, sin debate profundo ni claridad sobre si aplica a contratos vigentes, generando litigiosidad y facilitando empleo no registrado en contexto de caída de empleo tras la ley Bases.
En el Senado, Lucía Corpacci y Sergio Uñaz votaron a favor de la ley de glaciares sin impactar el bloque oficialista. Susana del Río, desde Diputados, aclaró que la ley regresiva no aplica a contratos existentes para evitar conflictos judiciales, mientras el debate en estudio cuestiona periodos de prueba de hasta ocho meses para rurales y casas particulares, y eliminación de multas por relación laboral encubierta.
La CGT optará por judicializar la norma por inconstitucionalidades en derechos colectivos e individuales como el FAL, evitando movilización al Congreso.