El Senado aprobó la ley penal juvenil con 44 votos a favor, 27 en contra y 1 abstención, impulsada por Patricia Bullrich y presidida por Victoria Villarruel, quien destacó derechos para víctimas como patrocinio jurídico y asistencia psicológica gratuita.
La jueza Julia Márquez explicó que los jueces aplicarán medidas socioeducativas como institutos cerrados o abiertos, casa por cárcel o monitoreo electrónico según la gravedad del delito y antecedentes, sin detención automática para menores.
Atilio Álvarez enfatizó la necesidad de políticas de prevención con cuatro patas: educación, salud antidrogas, deporte e iniciación laboral, criticando el abandono de programas para adolescentes adictos y familias desestructuradas, desde padres presos hasta prostitución precoz y cultura tumbera como en Monte Chingolo.
Álvarez advirtió riesgos de confirmar rol delincuencial, estigmatización y socialización negativa en encierros con adultos durante adolescencia, etapa clave como en casos de Messi o Faustino Oro. Márquez insistió en recursos humanos para intervención temprana, citando historial de interno de 32 años con cinco hojas de antecedentes desde los 14 por pérdidas familiares y drogas.
Ambos coincidieron en priorizar educación sobre punición reactiva, con Álvarez pidiendo reclamos por escuelas abiertas pese a paritarias docentes, ya que cerrarlas arroja chicos a la calle e impunidad.