El Senado aprobó la ley penal juvenil con 44 votos a favor, 27 en contra y 1 abstención, impulsada por Patricia Bullrich y presidida por Victoria Villarruel, quien destacó derechos para víctimas como patrocinio jurídico y asistencia psicológica gratuita.
La jueza Julia Márquez explicó que los jueces aplicarán medidas como institutos cerrados o abiertos, casa por cárcel o monitoreo electrónico según gravedad y antecedentes, sin detención automática. Atilio Álvarez criticó la falta de institutos nuevos, ya que provincias manejan eso y no hay fondos inmediatos, prediciendo juicios orales saturados para delitos menores.
Ambos coincidieron en penas agravadas para adultos que usan menores como "soldaditos" de narcos, citando resoluciones ONU y congresos internacionales. Márquez enfatizó evitar revictimización y homenaje a víctimas, mientras Álvarez insistió en prevención vía educación, salud, deporte y empleo, lamentando cultura tumbera y falta de programas para adictos precoces.
Discutieron casos como el de "Brian", donde un menor de 15 años fue enviado con abuelo tras homicidio, y criticaron superposiciones normativas provinciales. La ley prioriza resocialización pero será última ratio tras otras medidas.