Gobernadores de provincias mineras como San Juan, Catamarca, Jujuy, Mendoza, Salta y Santa Cruz impulsan la reforma de la ley de glaciares para habilitar megaproyectos extractivos y atraer inversiones millonarias, en un contexto de alianzas políticas con el gobierno nacional.
La minería ya exporta 5 mil millones de dólares anuales, camino a superar los 10 mil millones, y la modificación legal elevaría aún más estas cifras según panelistas, que destacan el rol de mesas del litio y cobre lideradas por Flavia Rolón.
Expertos debaten el impacto en áreas periglaciares y glaciares de escombros incluidos en el inventario nacional, que actúan como reserva estratégica de agua durante sequías, pese a advertencias del 17% de glaciares desaparecidos en zonas áridas en la última década.
Agricultores de Mendoza protestan por riesgos a cultivos orgánicos, turismo y envenenamiento del agua, mientras el proyecto enfrenta críticas por trámite exprés en Congreso desde el 15 de diciembre, con dictamen rápido y sin amplio debate técnico ni escucha a organizaciones ni a 80 constitucionalistas que se oponen.
El panel cuestiona posturas ambientalistas como demagógicas y urge equilibrar necesidades económicas con costos ambientales, en vísperas de la convención minera y el viaje presidencial, con dos votos pendientes de Sergio Uñac y Lucila Corpacci.