Expertos advierten que la reforma de la ley de glaciares viola el artículo 41 de la Constitución al distribuir competencias sobre áreas periglaciares, permitiendo explotaciones como escombros que podrían ser impugnadas judicialmente caso por caso, mediante acciones colectivas o amparos según el artículo 43.
Panelistas destacan la falta de seguridad jurídica para inversores mineros, ya que jueces provinciales o la Corte Suprema podrían frenar proyectos tras grandes inversiones, mientras gobernadores priorizan negocios provinciales ignorando riesgos legales planteados por 80 constitucionalistas de diversos orígenes.
La discusión técnica fue mínima: el proyecto entró el 15 de diciembre, con una sola audiencia de 5 horas a organizaciones y un técnico de IANIGLA, firmando dictamen el 18 sin debate amplio con comunidades, abogados mineros ni opositores, contrastando con el año y medio de la ley vigente.
Conectan la reforma con el acuerdo UE-Mercosur, cuya cláusula 2632 prohíbe regresividad ambiental, ya que aprobarla violaría ipso facto este compromiso al bajar protecciones glaciares justo cuando se ratifica el pacto comercial.
Critican el apuro legislativo del gobierno para tenerla lista antes de la convención minera y el 1 de marzo, sacrificando deliberación congressional y equilibrio ambiental frente a necesidades económicas transitorias que dañan suelos, agua y turismo en provincias como Mendoza.