El Senado aprobó ayer la reforma de la ley de glaciares por 40 votos a favor y 31 en contra tras 10 horas de debate, con amplio margen oficialista pero mostrando divisiones provinciales.
El texto faculta a las provincias a evaluar impacto ambiental para determinar si un proyecto minero altera glaciares relevantes, distinguiendo si el agua escurre a fuentes potables o queda aislada en el glaciar.
Los glaciares cuya agua no afecta producción potable podrán explotarse, priorizando protección ambiental del agua vital pero reconociendo minería como recurso económico mundial con impacto social positivo en empleo y sueldos durante décadas.
Cada provincia realizará estudios de impacto para balancear medio ambiente y desarrollo económico local.