El panel debate intensamente la modificación de la ley de glaciares impulsada por gobernadores de provincias mineras como San Juan, Catamarca, Jujuy, Mendoza, Salta y Santa Cruz, que buscan habilitar proyectos extractivos sobre formaciones glaciares y periglaciares para atraer inversiones millonarias.
Expertos advierten que el 17% de los glaciares en zonas áridas desapareció en los últimos 10 años, y que estos son proveedores clave de agua en épocas de sequía para regiones como los Andes Áridos. Critican proyectos como Vicuña de José María de los Azules y Mara de Aguarrica, ya inventariados por el IANIGLA, que avanzan clandestinamente pese a prohibiciones constitucionales y podrían legalizarse retroactivamente con la reforma "aclaratoria".
La iniciativa enfrenta riesgos judiciales, con jurisprudencia de la Corte Suprema en contra desde hace 10 años, y se presenta como moneda de cambio político para aliados del gobierno como Gustavo Sáenz, Raúl Jalil y otros, en medio del Pacto de Mayo y la presión para el RIGI. El gobierno acelera el debate en el Senado ante la visita presidencial y la necesidad de dólares de minería, litio y cobre.
Panelistas denuncian falta de garantías jurídicas, impactos ambientales irreversibles como voladuras de montañas y contaminación histórica como en Veladero, y cuestionan el federalismo que ignora competencias nacionales. Flavia Rollón, secretaria de Energía, califica el inventario de "dibujado", pero se destaca la transversalidad pro-minera pese a evidencias científicas.
Chile clausuró proyectos similares como Pascualama, y locales protestan contra beneficios para capitales provinciales a costa de comunidades cercanas. El debate subraya la tensión entre recursos hídricos vitales y promesas de 7.000 millones de dólares iniciales en Vicuña.