Estados Unidos anunció su intención de desmantelar la Corte Penal Internacional (CPI), organismo del cual no forma parte. La medida surge tras designaciones de la CPI sobre acciones estadounidenses en Oriente Medio y contra Netanyahu y Putin, lo que provocó sanciones de Washington contra jueces del tribunal.
La decisión estadounidense generó preocupación en Europa, donde se considera que las sanciones a un juez de la CPI son un exceso. Se critica la dependencia de los sistemas de pago estadounidenses y se plantea la necesidad de alternativas ante la posibilidad de que EE.UU. restrinja el acceso a estos servicios, como ya ocurrió con los jueces sancionados.