Se denunció una "lógica perversa y cruel" por parte del gobierno al desmantelar sistemas de ayuda social y de fomento a la cultura bajo el pretexto de combatir hechos de corrupción.
Se comparó esta metodología con el desmantelamiento de pensiones para discapacitados y la eliminación de medicamentos para jubilados, argumentando que la corrupción debe ser neutralizada y denunciada individualmente, no utilizada para "barrer con todo".
Se enfatizó que un sistema de progreso cultural es necesario para cualquier sociedad moderna y no debe ser desmantelado por unos pocos casos de corrupción.