Se debate la necesidad de endurecer las leyes contra la compra de motos robadas, argumentando que quienes adquieren estos vehículos, a menudo a precios irrisorios, son cómplices del delito y los utilizan para cometer nuevos atracos.
Se señala que la actual legislación no penaliza de manera efectiva al comprador de bienes robados, y se sugiere que una reforma legal que castigue severamente esta práctica podría ser clave para desarticular las bandas de motochorros.