Se ha observado un notable despliegue de fuerzas policiales, incluyendo la Policía Nacional y la Policía Sucre, en el Parque Francisco de Miranda, un importante centro de refugio para los damnificados por el terremoto en Venezuela. La presencia de aproximadamente 250 funcionarios responde a la necesidad de controlar el acceso y verificar la identidad de las personas que ingresan a los albergues.
La medida se implementó luego de que se detectara la presencia de personas no damnificadas en las instalaciones, quienes habrían aprovechado la situación para acceder a la ayuda humanitaria. Funcionarios del CICPC, junto con la Ley de Protección al Niño y Adolescente (LOVNA) y personal de sostenimiento social, están realizando un registro biométrico para confirmar la condición de damnificados de cada persona.
Este control busca asegurar que la asistencia llegue únicamente a quienes realmente la necesitan, verificando datos y descartando a aquellos que provienen de zonas no afectadas por el sismo. La situación ha generado algunas restricciones y un registro más estricto para la prensa que cubre el evento.