El gobierno español, encabezado por Pedro Sánchez, ha implementado un plan de regularización migratoria que busca incorporar a un millón de personas indocumentadas y solicitantes de refugio. La medida tiene como objetivo paliar la crisis demográfica y el envejecimiento de la población, proyectando un impacto positivo en el Producto Bruto Interno para 2050.
Aunque algunos sectores lo critican como una medida populista, el gobierno argumenta que la regularización permitirá a los inmigrantes cotizar y acceder a derechos laborales y de seguridad social. Se estima que esta política es crucial para sostener el sistema de pensiones y el mercado laboral, evitando el cierre de miles de comercios y colegios.