El manejo de la crisis en Venezuela tras el terremoto es criticado por supuestas prioridades gubernamentales que desvían la atención de las necesidades urgentes de la población. Se denuncia que la ayuda y el rescate habrían llegado primero a zonas vinculadas al gobierno, mientras la ciudadanía común queda en segundo plano.
Se cuestiona la idoneidad de las acciones gubernamentales ante una tragedia de esta magnitud, tildando de "delirante" la presunta preocupación por inteligencia en lugar de enfocarse en salvar vidas. La percepción general es que el ciudadano es tratado como de "segunda clase", sin capacidad de acción frente a la burocracia estatal.