Se debate la responsabilidad de los funcionarios públicos, incluyendo a Karina y Javier Milei, en caso de que tuvieran conocimiento de las acciones de Manuel Adorni y no hubieran denunciado el presunto delito. Se argumenta que, como funcionarios, tienen la obligación de denunciar cualquier ilícito.
Se plantea la duda sobre si la mera posesión de la información por parte de la justicia exime a los funcionarios de la obligación de denunciar. La discusión se centra en si el encubrimiento o la falta de acción ante un delito conocido constituye en sí mismo un ilícito, especialmente cuando se trata de figuras de alto nivel en el gobierno.