El doctor Armela modificó una restricción existente, aumentándola de 50 a 100 kilómetros, y añadió una nueva condición: el obligado deberá notificar si planea salir del país por más de 24 horas. La medida, criticada por parecer más beneficiosa para Insa Uralde que para la sociedad, fue calificada como insuficiente desde una perspectiva técnica.
Se mencionaron dos conceptos clave: "orfandad probatoria", sobre la cual se disiente, y la advertencia sobre el riesgo para la investigación que implica la divulgación pública de las medidas adoptadas.
Se espera que el 17 de julio, con la presentación de una pericia, se pueda discutir el tema con mayor seriedad y la designación de un nuevo juez, Sebastián Ramos, quien ya procesó a Grabois y le impuso un embargo de 5 millones de pesos por la toma del Instituto Perón. Se espera que el juez Rodríguez Ponte, con experiencia en La Judeco, pueda avanzar en la investigación.