Se discute la discrepancia entre las cifras oficiales de fallecidos y las reportadas por la sociedad civil en Venezuela tras un desastre natural, con medios mencionando 589 fallecidos mientras que boletines oficiales superaban los 200.
Se critica la opacidad y escasez de los presupuestos de la Asamblea Nacional destinados a la gestión de riesgo, así como la disminución de los presupuestos de seguridad ciudadana, lo cual se considera una decisión política.
Se señala que la sociedad civil realiza una documentación alternativa de los hechos ante la lentitud de la respuesta oficial, lo que aumenta la preocupación por el número de víctimas fatales.