Se critica la precaria gestión de crisis institucional en Venezuela tras un desastre natural, donde el voluntariado ciudadano ha tenido que suplir las deficiencias del Estado.
Se señala la ausencia de un Estado efectivo para gestionar la catástrofe, evidenciando una falta de recursos y preparación que contrasta con la solidaridad de la gente.
Se argumenta que la incapacidad del Estado para manejar la situación, incluyendo la gestión de fondos públicos y la corrupción, tiene responsabilidades políticas, a pesar de que algunos prefieran no politizar el evento.