Se critica la posible reforma de la ley 19.550 de sociedades y se mencionan proyectos como la ley de glaciares, supercréditos y la venta de tierras a extranjeros, calificándolos como una entrega de soberanía energética y territorial.
Se cuestiona la ley de expropiación de 1970, vinculada a la dictadura, y se argumenta que su aplicación, junto con el lucro cesante y un sistema de compensación por intereses, podría ser utilizada para acciones ante organismos internacionales como el CIADI, debilitando al Estado argentino.
Adicionalmente, se señala que la ley de manejo del fuego violaría acuerdos ambientales y el acuerdo de Escazú. Se critica la pretensión de reformar la ley Pierre para extender de tres a diez años los plazos de regularización dominial, afectando a cerca de 5 millones de familias y 15 mil asentamientos.