Se cuestiona la efectividad de la política energética actual, argumentando que sin redes de proveedores locales y sin generación de empleo privado formal, solo beneficia a un modelo extractivista.
Se advierte que este modelo extractivista puede generar más desigualdades sociales y se critica la falta de inversión histórica en infraestructura logística.
La inversión en Vaca Muerta y el gasoducto se atribuye a la estatización de YPF en 2012 y a la obra pública realizada por gobiernos anteriores.Se enfatiza la necesidad de un acuerdo político y una estrategia clara para superar la restricción energética, asegurando que los beneficios del sector se traduzcan en desarrollo para el país.