Irán sostiene que la "gestión de servicios" en el Estrecho de Hormuz le otorga derechos para cobrar una tarifa. Este argumento legal busca diferenciarlo de un "peaje", figura que no le correspondería aplicar.
La estrategia de Irán consiste en presentar la cobranza como una compensación por la seguridad, control y logística que proporcionaría en el estrecho, buscando así legitimidad ante tribunales internacionales.