Se cuestiona la falta de transparencia en el pago de intereses de la deuda externa argentina y la ausencia de funcionarios de economía que expliquen las condiciones del endeudamiento. Se sospecha que existen comisiones ocultas en las transacciones financieras, beneficiando a un sector específico.
La ley analizada carece de asignación presupuestaria específica, contraviniendo normativas vigentes. El acuerdo con ciertas firmas no detalla la fuente de financiamiento, generando dudas sobre la sostenibilidad y legalidad de las operaciones, en un contexto de alta carga de intereses para el país.