Se critica la disparidad de criterios entre el ciudadano común y los funcionarios públicos en cuanto a restricciones económicas. Mientras el ciudadano debe cumplir estrictamente con normativas como el cepo de 200 dólares para ahorro y justificar gastos superiores a 700 mil pesos, los políticos parecen operar con mayor impunidad.
Se resalta la dificultad que enfrentan los ciudadanos trabajadores y honrados en el país, generando un clima de desánimo y desesperanza. Se menciona un posible aumento en el nivel de suicidios debido a la inestabilidad económica y la falta de justicia.