Se critica la política económica del gobierno de Milei, calificándola como una "entrega máxima" de recursos naturales y soberanía. Se vincula el "Super Rigi", la ley de tierras y la posible ley de glaciares como parte de un mismo objetivo de entregar recursos a grupos económicos, incluso no nacionales.
Se argumenta que estas medidas, a diferencia de las propuestas peronistas, no contemplan contraprestaciones como desarrollo de proveedores, generación de empleo, transferencia tecnológica, repatriación de divisas o protección ambiental. Se cuestiona la libre disponibilidad de divisas a tres años, que podría permitir la fuga de capitales.