La falta de control y la corrupción en el sistema de transporte público generan un grave riesgo para los usuarios. Funcionarios de la Secretaría de Transporte estarían involucrados en maniobras para desviar subsidios, lo que repercute directamente en el deterioro de las unidades y la seguridad de los pasajeros.
La Comisión Nacional de Transporte tiene la responsabilidad de fiscalizar el servicio, pero la falta de acción ante el estado de las unidades y la presunta connivencia con empresas y funcionarios agrava la situación. La inversión en el sistema se ha reducido drásticamente, y la reposición de repuestos esenciales como las cubiertas se ha vuelto casi imposible.
Se cuestiona la pasividad de las autoridades ante la posibilidad de que ocurran tragedias, como la de Mar del Plata, y se advierte que la falta de controles y la corrupción podrían llevar al colapso total del sistema de transporte público. La renuncia de funcionarios y la posible imputación penal son escenarios que se ciernen sobre quienes tienen la responsabilidad de garantizar un servicio seguro y eficiente.