La corrupción en Argentina genera un costo enorme, tanto directo como indirecto, afectando gravemente la economía del país.
El índice de percepción de la corrupción en Argentina no solo no ha mejorado, sino que ha caído. En 2025, el país se ubicó en el puesto 104 de 182 naciones, retrocediendo 5 posiciones respecto a 2024. Esto genera desconfianza en los inversores, quienes pueden sentir la necesidad de incurrir en favores o políticas clientelares.
A nivel mundial, se estima que entre el 5% y el 25% del gasto público se pierde debido a la corrupción. En Argentina, el caso de los cuadernos podría haber costado entre el 8% y el 10% del PBI, lo que se traduce en miles de millones de dólares. Estudios previos estimaban estas pérdidas en cifras que rondan los 36 mil a 45 mil millones de dólares.
La corrupción ha privado al Estado de enormes sumas de dinero a lo largo de las décadas. Entre 1990 y 2013, el perjuicio fue de 6.200 millones de dólares, y entre 1980 y 2006, de 10 mil millones de dólares. Esta situación no solo afecta las arcas públicas, sino que también impide el desarrollo de pequeñas y medianas empresas y precariza las condiciones laborales de los trabajadores.
La indignación generada por la inmoralidad de los funcionarios públicos tiene un costo moral indirecto a largo plazo, que se manifiesta en la percepción de corrupción. Sin embargo, en Argentina, esta percepción se basa en hechos reales que generan un profundo descontento en la ciudadanía.