En Creta, Grecia, se ha desatado una protesta contra la decisión del gobierno de convertir un edificio en un centro de detención temporal para migrantes.
La isla, que ha recibido más de 300 migrantes en un solo día, busca oponerse a la medida, argumentando el impacto negativo sobre el turismo, principal motor económico de la región.
El gobierno griego, por su parte, busca endurecer la legislación migratoria y acelerar la deportación de solicitantes de asilo rechazados. Se están negociando acuerdos con países como Holanda, Dinamarca, Alemania y Austria para establecer centros conjuntos de retorno y tránsito fuera de Europa.
Grecia se encuentra nuevamente en la primera línea de la crisis migratoria, enfrentando el desafío de dónde alojar a los migrantes y quién asumirá el costo político y económico de esta situación que Europa aún no sabe cómo resolver.