En Creta, Grecia, se desató una ola de protestas contra la decisión del gobierno griego de convertir un edificio en un centro de detención temporal para migrantes.
Los residentes locales, principalmente aquellos vinculados al sector turístico, expresaron su rechazo a la medida, argumentando que afectaría negativamente la economía de la región, que depende en gran medida del turismo.
A pesar de la oposición, el gobierno griego insiste en la necesidad de centros de contención ante el flujo masivo de embarcaciones que llegan a sus costas, en su mayoría procedentes de Libia.
El Parlamento griego ha aprobado una nueva ley que agiliza la deportación de solicitantes de asilo rechazados y permite su traslado a centros fuera de Europa, tras la firma de acuerdos bilaterales con terceros países. Organizaciones de derechos humanos han criticado esta medida por su potencial de abuso.