Irán ejecutó a dos hombres condenados por su participación en protestas antigubernamentales ocurridas a finales de 2025 y principios de 2026. La justicia iraní los considera responsables de disturbios violentos y acciones contra el orden público, incluyendo delitos como corrupción en la tierra y guerra contra el Estado, además de destrucción de bienes públicos y privados.
Estas ejecuciones se dan en un contexto de fuerte represión tras las protestas que dejaron cientos de muertos y que han generado cuestionamientos de organismos internacionales de derechos humanos.