Dos hombres fueron ejecutados en Irán por su participación en protestas antigubernamentales ocurridas a finales de 2025 y principios de 2026. La justicia iraní los considera responsables de disturbios violentos y acciones contra el orden público.
Los acusados fueron hallados culpables de delitos graves como "corrupción en la tierra" y "guerra contra Dios", además de destrucción de bienes públicos y privados. Estas ejecuciones ocurren en un contexto de fuerte represión y generan cuestionamientos de organismos de derechos humanos.