La discusión sobre las amenazas al concejal Gustavo Pedroca en Córdoba se profundiza, revelando presuntas conexiones entre la trata de personas, el narcotráfico y la corrupción política. Se cuestiona la actuación de la justicia provincial y se insiste en la necesidad de una intervención federal.
El abogado José Antona, representante de Pedroca, señala que, si bien la investigación sobre la trata de personas en el caso Agostina no ha sido derivada a la justicia federal, la complejidad del entramado sugiere que debería ser considerada. Se mencionan vínculos de figuras políticas con personas detenidas por trata y narcotráfico, así como aportes de campaña que generan dudas sobre la independencia de los funcionarios y la justicia.
Se expone la presión que sufren quienes denuncian estos delitos, incluyendo amenazas a familiares y la falta de protección. El concejal Pedroca, a pesar del riesgo, reafirma su compromiso de seguir adelante con su proyecto de ordenanza, apelando a la solidaridad de la ciudadanía y a la necesidad de un cambio profundo en la dirigencia política.