El hallazgo de un cadáver en el suroeste de Francia, que se presume corresponde a Liana, una estudiante de 11 años desaparecida el 29 de mayo, ha desatado una ola de críticas políticas por las presuntas fallas del sistema judicial.
El presidente francés, Sebastián Lecornu, expresó su conmoción al saber que el principal sospechoso, quien presuntamente secuestró a la menor, ya enfrentaba varios procesos judiciales por violación desde 2017. El jefe de gobierno ha solicitado los resultados de una investigación administrativa en un plazo de 15 días.
El portavoz de la justicia admitió un "fracaso colectivo", señalando deficiencias sistémicas en el poder judicial, servicios de orden público, gendarmería y educación. Figuras políticas como Jordan Bardella y Marine Tondelier han criticado la incapacidad del sistema francés para abordar la violencia sexual y han propuesto medidas para acelerar los procedimientos y reforzar la precaución.