El empresario Marcelo Porcel, sindicado por presuntos abusos sexuales contra al menos diez menores, fue finalmente equipado con una tobillera electrónica y está siendo monitoreado por radar. Esta medida se tomó después de la difusión de una imagen en la que se lo veía circulando por la Basílica de Luján sin el dispositivo electrónico que le había sido impuesto tras su procesamiento.
La situación generó indignación en redes sociales y entre los familiares y víctimas, lo que impulsó la acción de la justicia. Además, se entregaron diez botones antipánico a las víctimas, en su mayoría menores de entre 11 y 15 años, que participan en el proceso judicial.
La investigación periodística, especialmente la realizada por Diego Cabos de La Nación, fue crucial para mantener el caso en la agenda pública, a pesar de las presiones que intentaron silenciarlo. La nota de Cabos incluye testimonios de algunos menores que describen la mecánica de seducción y cómo Porcel, a quien llamaban "el padre copado", les ofrecía dinero y alcohol.
Las acusaciones contra Porcel son gravísimas, incluyendo abuso sexual gravemente ultrajante agravado por aprovechamiento de una situación de guarda, corrupción de menores y producción de representaciones sexuales de un menor sin consentimiento. Aunque la justicia avanza lentamente, la colocación de la tobillera electrónica y la entrega de botones antipánico representan un alivio para las víctimas, mientras se espera un juicio que defina la situación del empresario, quien también tiene prohibición de salir del país y enfrenta cargos en Uruguay.