El hallazgo de un cadáver que se presume es el de Liana, una estudiante de 11 años desaparecida en Francia, ha generado indignación y críticas generalizadas hacia la justicia. Políticos de diversos sectores denuncian fallos sistémicos en el manejo del caso y en la protección de menores.
El primer ministro francés, Sebastián Lecornu, se declaró conmocionado al saber que el sospechoso de secuestro ya contaba con varios procedimientos judiciales por violación desde 2017. Se ha exigido una investigación administrativa en un plazo de 15 días para esclarecer las responsabilidades.
El portavoz de la justicia lamentó un "fracaso colectivo", señalando deficiencias en el poder judicial, servicios de orden público, gendarmería y educación. Políticos como Jordan Bardella y Marine Tondelier han criticado la incapacidad del sistema para gestionar casos de violencia, proponiendo medidas como la aceleración de procesos y un principio de precaución.