Se cuestiona la efectividad del personal de seguridad privada contratado por Trenes Argentinos para controlar el pago de boletos en el subte. A pesar de que el año pasado se registraron situaciones violentas que derivaron en intervenciones policiales, la capacidad de acción de estos inspectores se limita a la advertencia verbal, sin poder cobrar multas ni detener a los infractores.
La falta de presencia policial en los andenes y la ineficacia del personal de seguridad privada, que no se ubica en los puntos estratégicos para disuadir a quienes saltan los molinetes, generan dudas sobre el uso de fondos públicos. Se critica que se contrate a una empresa para que sus empleados "no hagan nada" y permitan que se siga evadiendo el pago del boleto.
Se plantea la hipótesis de que esta situación se enmarca en una "batalla cultural" promovida por el kirchnerismo, que busca instalar la idea de que "todo es gratis" y que se puede hacer cualquier cosa sin consecuencias. La falta de sanciones y la percepción de impunidad son factores clave que perpetúan el problema.
Se exige mayor autoridad y control, sugiriendo la presencia policial o de personal de tránsito con la capacidad de hacer cumplir las normas y cobrar multas en el momento. La actual estrategia, que implica el gasto de dinero público en personal ineficaz, genera un efecto contrario al deseado y demuestra una falta de autoridad generalizada.