La Justicia argentina, específicamente Comodoro Py, declaró que no posee los recursos ni la tecnología necesaria para realizar la trazabilidad de las transferencias en el Caso Libra, un expediente que ya lleva un año y medio de investigación. Esta situación genera controversia, ya que las querellas y la Comisión Investigadora de Diputados han avanzado significativamente más.
Agustín Rombolá, querellante en la causa, calificó la situación como una "mentira tan obvia" que encubre la falta de voluntad de investigar. Rombolá afirmó que él mismo realizó parte de la investigación utilizando herramientas gratuitas y que el costo de la tecnología necesaria es mínimo en comparación con otros gastos gubernamentales.
La Fiscalía habría tardado ocho meses en responder sobre la falta de recursos y, pese a los ofrecimientos de colaboración externa, se mostró reacia a avanzar, solicitando que cualquier propuesta se presentara por escrito en el expediente. Finalmente, se solicitó la colaboración de la Policía Federal Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad, pero hasta el momento no se obtuvo respuesta.
La situación ha generado indignación y se considera una "vergüenza" que quienes deben investigar no lo hagan, mientras las partes querellantes y el ámbito legislativo sí muestran avances.