La justicia argentina, específicamente la fiscalía a cargo del caso Libra, ha declarado no contar con los recursos tecnológicos ni la pericia necesaria para realizar la trazabilidad de las transferencias de dinero, un año y medio después de iniciada la investigación. Esta afirmación ha generado indignación, ya que las querellas y una comisión investigadora de diputados han avanzado significativamente más que la fiscalía en la recolección de pruebas.
Según lo expuesto en el programa, la querella ha calificado la situación como una "mentira tan obvia y flagrante" que revela una clara intención de encubrir el delito y no investigarlo. Se señaló que la investigación podría llevarse a cabo con herramientas gratuitas o con una suscripción a un sistema que costaría 750 dólares mensuales, una suma insignificante comparada con los gastos del gobierno.
Además, se reveló que una oficina especializada del Ministerio Público Fiscal le comunicó al fiscal Taiano su incapacidad para realizar la tarea en abril, después de ocho meses de demoras. A pesar de que la querella ofreció su colaboración y la posibilidad de hacer pública la falta de recursos para obtener apoyo, la fiscalía se mostró reacia a avanzar, solicitando que cualquier propuesta se presentara por escrito en el expediente.
Finalmente, la investigación fue derivada a una oficina de la Policía Federal Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad. Sin embargo, no se ha obtenido respuesta de dicha entidad, lo que sugiere que el caso seguirá demorándose, generando frustración entre los involucrados y la opinión pública.