El empresario Marcelo Porcel finalmente recibió la tobillera electrónica, más de seis días después de lo previsto, tras confirmarse su procesamiento por abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores. A pesar de la gravedad de los cargos y las 10 denuncias de menores, Porcel se encuentra en libertad, lo que ha generado un fuerte debate sobre la justicia y el poder económico.
La Cámara que confirmó su procesamiento destacó la coherencia interna y la estructura lógica de los testimonios de las víctimas, así como los síntomas vinculados al abuso sexual. Los delitos incluyen el aprovechamiento de su figura de guarda, ya que los niños eran amigos de su hijo, y la provisión de estupefacientes, alcohol y dinero para apuestas a menores de edad.
La colocación de la tobillera electrónica y la entrega de botones antipánico a las víctimas buscan impedir su acercamiento, no solo a los menores sino también a sus familiares. Sin embargo, la demora en la implementación del dispositivo y la libertad de Porcel, argumentada por su "arraigo, domicilio estable y trabajo conocido", han sido duramente criticadas, sugiriendo que el sistema judicial favorece a quienes poseen poder económico y contactos, en detrimento de la protección de las víctimas.