Se cuestiona la idea de la "militarización de los barrios" y se la presenta como una forma de control social más que de seguridad real. Organizaciones como Correpi (Comisión Policial contra la Represión) denuncian irregularidades y violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad.
Se mencionan casos donde la policía, incluso actuando en defensa de la ciudadanía, es cuestionada y procesada. Se plantea la dualidad de la percepción pública sobre la policía, siendo a veces vista como protectora y otras como fuente de abusos.