El Consejo Indigenista Misionero (CIMI) en Mato Grosso do Sul recopila datos sobre violaciones de derechos territoriales indígenas y publica informes anuales sobre la violencia contra estos pueblos. Las organizaciones rurales de estados como Paraná, Sao Paulo y Mato Grosso do Sul atacan a comunidades indígenas, irrumpiendo en ellas, disparando y arrojando agroquímicos desde el aire.
Esta táctica, calificada como militar por la fiscalía, implica el uso de armas químicas. Los terratenientes también buscan intoxicar a los indígenas atacando sus fuentes de agua. Existe una estructura paramilitar donde terratenientes y grupos armados actúan conjuntamente, con la policía a menudo involucrada. El Departamento de Operaciones Fronterizas (DOF), una fuerza policial estatal, termina sirviendo a intereses privados y actuando como un grupo de sicarios, lo que se considera un plan de exterminio.
En 2015, el CIMI fue investigado por la Asamblea Legislativa de Mato Grosso do Sul, que emitió un informe acusándolos de delitos graves como traición a la patria, buscando clausurar sus actividades y desestimando su labor como un "nefasto plan de desestabilización del agronegocio".