Se denuncia la alarmante cifra de 31 mujeres asesinadas en Argentina y se convoca a una marcha para exigir el fin de la violencia de género.
Se acusa de complicidad al poder judicial y político en los casos de Agostina, Dulce, Loan y Lian, y se advierte sobre el riesgo de eliminar la figura del femicidio del código penal, lo que podría permitir la liberación de asesinos.