Durante la marcha "Ni Una Menos", se leyó un documento que denuncia el "negacionismo del gobierno ultra derechista de Milei", al cual responsabilizan de impulsar proyectos y campañas "reaccionarias" contra las demandas y conquistas de las mujeres. Entre las críticas, se menciona el intento de eliminar el agravante de la figura penal de femicidio y la propuesta de un proyecto de "falsa denuncia" en el Congreso, lo que, según las manifestantes, busca "garantizar la impunidad de abusadores y agresores".
El documento también repudia los ataques a la Educación Sexual Integral (ESI) y a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), conquistas logradas a través de la lucha en las calles. Se calificó al gobierno como "enemigo de las mujeres, lesbianas, aves y trans, bisexuales, intersex y no binarias y por lo tanto un gobierno antipueblo".
Las manifestantes reconocieron la raíz de la violencia en un sistema patriarcal y capitalista que "nos quiere sumisas, calladas y quietas", y alzaron la voz para "revelarse y organizarse". Se repudiaron los discursos de odio, misóginos, supremacistas, xenófobos y racistas que "buscan avalar e incentivar la violencia que sufrimos".
Se exigió justicia por el triple femicidio de Barracas, por Samuel Tovares, asesinado en un ataque homofóbico, y por todas las víctimas de odio. Además, se reclamaron presupuestos urgentes para frenar la violencia de género con políticas integrales, trabajo genuino y vivienda, así como la aplicación efectiva de la ley de identidad de género, el cupo laboral trans y la ESI en todas las escuelas.
Finalmente, se denunció la "complicidad del sistema judicial al garantizar la impunidad de los violadores, feminicidas y violentos", reclamando justicia para el niño Suri y su mamá protectora, víctimas de abuso sexual infantil. Las organizaciones responsabilizaron a las instituciones estatales y funcionarios por no actuar en favor de la integridad de las víctimas.