Se denuncia que Barrelier, imputado en un caso de femicidio, era utilizado por la política como "fuerza de choque" y que se le brindaba un subsidio a pesar de sus antecedentes.
Se cuestiona la contratación de Barrelier en la municipalidad de Córdoba, donde habría obtenido un ascenso sin presentar los certificados requeridos y se le habrían entregado licencias de conducir de forma irregular.
Se señala que tanto el fiscal Rodríguez como el ministro Quintero, así como el abogado Moreno, conocían los antecedentes de Barrelier y su vinculación con la política, pero optaron por no actuar.